martes, 30 de noviembre de 2010

¿Cómo puede su empresa tener presencia en internet?

Publicado el: November 15, 2010Creada en: Artículos, Recursos

Fuente: www.tendenciasdigitales.com

En diversas oportunidades hemos analizado en esta columna el estado actual de internet en el país, su penetración en la población y crecimiento. También su importancia como medio de comunicación, al compararla con otros medios, ha sido comentada. En esta oportunidad quisiéramos referirnos a las tres maneras como las empresas pueden participar en el ciberespacio: creando un sitio Web, anunciándose en medios electrónicos y participando en los medios sociales.

Crear un sitio Web puede parecer una recomendación muy básica en el año 2010, pero aún más de un tercio de las empresas venezolanas no poseen uno y muchas de los que lo poseen no cuentan con un espacio digital que atienda las expectativas de sus audiencias, e incluso algunas veces, ni la estrategia de negocios de la empresa. En un mundo Web 2.0 donde los usuarios están generando contenidos y donde abrir un espacio en algún medio social pareciera sencillo y económico (aunque realmente no lo es), la necesidad de tener un sitio Web puede ponerse en entredicho. Sin embargo, contar con una identidad digital propia es una necesidad básica de estos tiempos. El sitio Web es controlado por la empresa y no depende de la popularidad o disponibilidad de una red social o servicio gratuito. Esta es la casa de la marca, donde la empresa puede ubicarse y los usuarios pueden buscar información oficial. Independientemente de la importancia que puedan tener otros medios en la estrategia digital, la compañía debe poseer un sitio de internet.

Internet es un medio de comunicación donde confluye una audiencia que es de gran interés para muchas empresas. Invertir en publicidad digital es una opción que muchas empresas han probado, obteniendo resultados favorables. Ya sea que se busque incrementar el conocimiento de la marca, captar nuevos clientes, vender más o fidelizar a los clientes actuales, los medios digitales ofrecen un amplio portafolio de opciones. Pautar en un medio electrónico a través de un banner, contratar publicidad en los buscadores o emplear correos electrónicos para llegar a los clientes son algunas de las maneras que tradicionalmente se han empleado. La decisión de cuál formato utilizar depende del objetivo de negocios que se tenga y de las características de la audiencia, entre otros factores. Cualquier iniciativa de publicidad en internet debe armonizarse con la publicidad en medios tradicionales y, sobre todo, con el sitio Web de la empresa.

La tercera forma de tener presencia en internet es a través de los medios sociales. Hoy en día muchas compañías mantienen una cuenta en Twitter o una página de marca en Facebook, aunque estas no son las únicas formas de participar de la Web 2.0. Los medios sociales están conformados por un amplio espectro de sitios de Internet donde los usuarios generan contenido y lo comparten, conformando comunidades a través de temas e intereses comunes. Los sitios para compartir vídeos y fotos, los agregadores de contenido, marcadores sociales y blogs, son algunos de los medios que acompañan a las populares redes sociales y a twitter en este entramado Web 2.0. Participar en estos medios implica sus riesgos, pero también ofrece importantes oportunidades para que las marcas interactúen con los consumidores.

¿Su empresa tiene presencia en Internet? ¿Cuál de estas formas está empleando? Si su empresa no ha elaborado una estrategia en Internet, le invito a que lo considere. En pocos años más de la mitad de los venezolanos estará conectado y es muy probable que su competencia también.

Los invito a comentar este artículo o enviarme sus sugerencias sobre temas para próximas entregas a través de carlos.jimenez@tendenciasdigitales.com y @carlosjimenez en Twitter.

domingo, 21 de noviembre de 2010

La construcción de viviendas del sector público bajó 57%

El número de casas culminadas por los privados se redujo en 24%

En nueve meses entes oficiales y empresas realizaron 41.500 unidades, mientras que en 2009 realizaron 64.500 viviendas (Archivo)

MAYELA ARMAS H. EL UNIVERSAL, Viernes 19 de noviembre de 2010 12:00 AM

La construcción de viviendas por parte del sector público y el sector privado se enfrenta a restricciones. La menor inversión de los entes oficiales y de las empresas así como las fallas en el suministro de insumos básicos limitan la terminación de las casas, y por ello este año se han hecho 35% menos unidades que en 2009.

Las cifras que manejan los entes oficiales y los privados, señalan que entre enero y septiembre de este año se realizaron 41.500 viviendas, cuando en el mismo lapso de 2009 se culminaron 64.500 soluciones, lo que muestra, que pese al discurso, la realización de unidades continúa en descenso.

En descenso

Aunque el primer mandatario en sus alocuciones reitera que la construcción de viviendas la asume como un reto personal y que por ello entre las prioridades de inversión pública se encuentra la fabricación de soluciones habitacionales, los datos de los entes ejecutores muestran que el número de soluciones terminadas bajó 57%.

Según los datos de los organismos, entre enero y septiembres se culminaron 9.510 viviendas, mientras que en el mismo lapso de 2009 se efectuaron 22.400 soluciones.

En ese menor número de unidades incidieron varios factores, siendo uno de ellos, la inversión programada para el sector. Los fondos previstos por la vía del gasto ordinario no fueron suficientes, de manera que la inyección de recursos estuvo sujeta a los traspasos de mecanismos como el Fonden.

Ante la baja disponibilidad de recursos se retrasaron las cancelaciones a las contratistas, lo que afectó la continuidad de los proyectos.

A los atrasos se sumó la orientación de parte de los fondos ordinarios a otros programas. Los recursos se dirigieron al plan Barrio Nuevo Tricolor, que consiste en la rehabilitación de soluciones.

En el presupuesto de 2010 se contemplan como prioridades ese plan de rehabilitación y la conformación de ciudades socialistas a escala nacional.

El sector público tampoco ha escapado a las fallas en el suministro de insumos esenciales. Si bien el Estado controla el 90% del mercado de cemento y productos de acero, actualmente enfrenta limitaciones en el abastecimiento, debido a que la producción de los materiales ha disminuido.

Desaceleración

El problema con el suministro de cemento, cabilla y agregados fue una de las razones que obligó al sector privado a bajar su ritmo de producción de soluciones habitacionales.

Los privados entre enero y septiembre de este año terminaron 31.990 viviendas, cuando en 2009 culminaron 42.000 casas, siendo la caída de 24%.

A los problemas con el suministro de materiales, se añadieron las regulaciones fijadas al sector y la menor inversión. Los representantes del sector construcción han señalado que ante las medidas que se han ejercido se ha creado un clima de incertidumbre que termina impactando en las obras.

Desde mediados el pasado año se han diseñado marcos legales para controlar al sector, entre los que se encuentran la resolución que prohíbe el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, la Ley de Tierras Urbana y la reforma de la Ley del Indepabis. Actualmente están en proceso la Ley de Preventa, la Ley de Mercado Inmobiliario y los cambios a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Los representantes del sector construcción, expresan que esos marcos legales junto con las acciones de expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales, agudizará la desaceleración de la actividad en los próximos meses. Eso significa que el número de unidades a terminar en cada trimestre será más bajo.

viernes, 19 de noviembre de 2010

JUSTICIA Y MEMORIA

Antonio Martín Martín

Noviembre - Diciembre de 2010 · nº 52, Revista La Factoría

http://www.revistalafactoria.eu

La mediocre Transición a la Democracia española, por unas razones u otras, estuvo llena de miedos, de silencios y de olvidos. Los unos, los de siempre, la derecha franquista, querían salir de rositas de los crímenes del franquismo, y por tanto, no querían que se hablara de los asesinatos en masa, ni de las torturas en los cuarteles de la Guardia Civil y en las dependencias policiales, no querían que se hablara de las fosas comunes, ni de los desaparecidos, ni de los niños perdidos y robados, ni de las humillaciones brutales a las mujeres “rojas”, ni de las farsas de juicios de los Tribunales represores, ni del TOP, ni de los torturadores , ni de los jueces y fiscales al servicio de la Dictadura fascista. Y para ello sacaron la Ley de Amnistía, un engaño a la sociedad española., una ley de impunidad. Los otros, la izquierda, fueron llevados al pacto de silencio, “agradecidos” y engañados por esa Ley de Amnistía y temerosos de los ruidos de sables. En consecuencia, pensaron que ahora no tocaba pedir responsabilidades, que ya habría tiempo y que era mejor hablar del futuro, “no abrir heridas”, no molestar a los policías, a los jueces represores, a la Guardia Civil, a los militares. Y fue pasando el tiempo y los años, y nunca era el momento de honrar a los que habían dado sus vidas por la libertad y la democracia, a los que habían pasado años en las cárceles, a los exiliados, a los desaparecidos, a los guerrilleros, a las mujeres. Y además estaban bien asentados como políticos “profesionales” dentro de unas siglas de partidos de izquierda.

Así pues, durante la Transición, no hubo un proceso de justicia transicional basada en el Derecho Penal Internacional por los gravísimos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones de DD.HH. que comprendiera Verdad, Justicia y Reparación a las victimas, las principales olvidadas, como se había hecho en otros países. No se realizó ningún tipo de depuración ni en el ejército, ni en la policía, ni mucho menos en la judicatura ni en la fiscalía.

Justicia y crímenes franquistas

Precisamente vamos a hablar de la justicia, del Poder Judicial durante la Dictadura franquista, de su ideología y su grado de sumisión al régimen franquista, y hasta que punto esos jueces y fiscales fueron también corresponsables de los crímenes del franquismo. Y lo haremos mediante el análisis de sus sentencias, las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de la Dictadura, que, como fuente del derecho, su ideología se iba a extender por todo el territorio nacional, a través de los juzgados inferiores.

Lamentablemente es un tema poco conocido hasta época reciente, pues contrariamente con la superabundancia de los temas históricos del franquismo tuvo que pasar mas de treinta años de la muerte de Franco, para que los especialistas se interrogaran sobre el ordenamiento jurídico de la Dictadura, la ideología de los jueces y fiscales del T.S., su sometimiento al régimen de los militares y cómo interpretaban y plasmaban en sus sentencias las leyes y decretos de la Dictadura.

Aún hoy día las investigaciones sobre el tema son escasos, pues el miedo, autocensuraba cualquier publicación, como le ocurrió al profesor Francisco J. Bastida, que no puede publicar su tesis doctoral “Jueces y Franquismo”, del año 1977, hasta el año 1986, ya que los editores no se atrevían a sacar a la luz hechos o antecedentes oscuros de jueces y magistrados aún vivos y ocupando cargos de responsabilidad en las mas altas esferas del Poder Judicial, (como su permanencia en tribunales represores, su juramento de fidelidad a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, su nombramiento en el cargo y otras menudencias). Por ello, hasta época reciente no encontramos estudios y análisis sobre el Poder Judicial del franquismo, su ideología y grado de sumisión a la Dictadura, como los magníficos trabajos de Carlos Pérez Ruiz, o los de Federico Vázquez Osuna sobre la Judicatura en Catalunya, y por supuesto el del profesor Bastida.

En este punto, tenemos que decir que no todos los jueces y fiscales que prestaron sus servicios durante la larga noche del franquismo, fueron sumisos servidores de la ideología fascista de la Dictadura. También hubo jueces y fiscales que desde dentro del sistema lucharon contra el franquismo, trataron de implantar una justicia democrática y se jugaron la piel y la seguridad de su familia. Incluso algunos de ellos fueron sancionados. Me estoy refiriendo a los fundadores y miembros de “Jueces por la Democracia “y “Unión de fiscales Progresistas. A todos ellos nuestra gratitud y respeto.

Pero lo cierto es que, ni durante la Transición, ni posteriormente, se ha exigido responsabilidad ninguna a jueces o fiscales por su cooperación con los crímenes del franquismo, como se hizo en otros países como Alemania Francia, Italia, Chile o Argentina. Por el contrario, en España, los jueces, magistrados y fiscales, que habían pertenecido a tribunales represores como el T.O.P., fueron ascendidos al Tribunal Supremo u otras instancias superiores, como publicaba Juanjo del Águila en una entrevista reciente, en “Publico”, hablando del tema. De forma que, en los primeros años de la Transición, el T.S. y los altos cargos del Poder Judicial, estaba copado por los anteriores magistrados heredados del régimen anterior y los nuevos procedentes de los juzgados y tribunal de Orden Publico, aquel terrorífico tribunal, que había metido en la cárcel a todos los oponentes del régimen desde el año 1964 (obreros, estudiantes, nacionalistas, intelectuales, profesores, abogados, curas y políticos). La continuidad, en la “Democracia”, de la mentalidad fascista, que en seguida vamos a analizar, en el más alto Tribunal de la nación, estaba servida.

Los lodos de la justicia franquista

Pues bien de aquellos polvos, estos barros que hoy tenemos: el procesamiento de Garzón por la Falange Española y de las JONS, y por el sindicato¿? Manos Limpias, aprovechando la ideología de algunos magistrados del Supremo, que todos conocéis. Pues la derechona, escondida durante algún tiempo, se ha despertado y está tomando fuerzas, mientras que la izquierda mira hacia otro lado.

Vamos, pues a analizar las sentencias del Tribunal Supremo durante la Dictadura, pues a través de ellas, podemos ver no solo la ideología de los magistrados del mas alto tribunal, sino como la expresan a través de sus sentencias, y su servilismo al poder, durante la larga noche del franquismo.

Hemos estructurado la línea jurisprudencial adoptada por el T.S. franquista, para mayor claridad y siguiendo la ideología del régimen, en cuatro principios fundamentales:

  • La defensa del Orden Publico.
  • La defensa de la unidad Nacional.
  • La negación de las libertades ciudadanas, y
  • La moral.

Orden público

El orden a que se refieren las numerosas sentencias del T.S., no era otra cosa que la derivada de la autoridad y disciplina militar, esto es: “misión totalitaria que orienta y encamina al pueblo” y que fueron plasmadas en leyes terribles como la Ley de 2 de marzo de 1943, que considera delito de rebelión militar cualquier transgresión del orden publico. O la Ley de Orden Público.

La noción de Orden Publico es el eje ideológico del régimen. El mantenimiento del orden público ha de supeditarse las libertades. Considera que el Estado no puede tolerar que se socave el nuevo estado y su unidad.

Afirma en otras sentencias que “el uso de la fuerza es necesario para el buen orden social”.- Para el T.S. “La libertad merece atención secundaria, lo principal es la defensa del orden publico y añade: “en nuestro país se disfrutan todas las libertades conciliables con el mantenimiento del orden y el desenvolvimiento de la convivencia pacifica como verdadero Estado de Derecho”.- Justifica la violencia de las fuerzas de Orden publico, contra cualquier desorden por pequeño que fuera, y sobre todo contra el desorden social, la mas radical condena, pues una disciplina rigurosa impedirá todo intento a envenenar o desunir a los españoles.- Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases.- “Para garantizar el orden social, es necesario la disciplina social y política, que convierte al ciudadano en súbdito, sometido al estado totalitario. Esta disciplina se justifica para el cumplimiento de los siguientes fines: el bien común, conseguir la subordinación de los gobernados; el fin social, evitar la lucha de clases; y el fin económico, asegurar la producción.” Para conseguir esto vale todo!.

Unidad nacional

La unidad nacional es otro de los ejes del régimen franquista, obsesionado desde siempre por la unidad de la Patria; por la unidad religiosa y espiritual; por la unidad metafísica; por la unidad social.

El T.S. sobre el tema, pontifica lo que sigue: “Se basa en el catolicismo tradicional; el dogmatismo nutrido de una verdad metafísica y escolástica; el autoritarismo que la impulsó a imponer la disciplina social, moral y política; el paternalismo, que erigió al T.S. en tutor del pueblo, menor de edad, por su poca cultura y fácil captación para actitudes erróneas y dañinas; el catastrofismo que le llevó a considerar cualquier acción que se apartara de los principios unitarios del régimen…” En fin , después de esto se quedó descansando.

Considera al “PCE anti-español y por eso lo tiene declarado fuera de la ley, lo mismo que los demás partidos políticos que no sea FE de las JONS. A esos otros partidos políticos se les atribuye la pretensión de la subversión violenta del Estado y la destrucción de la unidad nacional.

Unidad social

Considera el T.S. que la unidad social fue una de las conquistas del nuevo Estado, consagrada en las leyes fundamentales, como superadora del enfrentamiento entre individuos y grupos. En consecuencia el atentado contra la unidad social será castigado por la Ley de Orden Publico, con toda la fuerza de la ley, como contrario al orden publico.

La legislación franquista lo presenta como una realidad conseguida por el régimen, y la condena más radical a los que atenten contra esa unidad. Y para defenderla: “una disciplina rigurosa impedirá todo intento dirigido a envenenar o desunir a los españoles o a moverlos contra los destinos de la patria. Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases”.

“La unidad en lo social es igual a inexistencia de lucha de clases. Se condena por propaganda ilegal cualquier campaña en favor de la lucha del proletariado contra el capital, por cuanto ello supone atacar la unidad social”.

Incluso en muchas sentencias sobre el tema el magistrado echa mano de San Agustín y Sto. Tomas, así como de Vitoria y Suárez, y también suele citar las encíclicas pontificias desde León XIII, Pío XI y Pió XII, incluso a Juan XXIII, aunque llevando el agua a su molino.

En todas las sentencias sobre el tema, el T.S. identifica Unidad Social con Orden Social y Orden Publico. En consecuencia, condena a CC.OO. por cuanto “se dedica a crear división entre los españoles, claro designio de producir alarma y sembrar inquietud, desasosiego y zozobra en la sociedad”.

La negación de las libertades

En cuanto a la negación de las libertades ciudadanas. Ya hemos visto como el T.S. se erigió en tutor del pueblo, menor de edad por su poca cultura y fácil captación ante actitudes erróneas y dañinas. En consecuencia al pueblo no se le puede dar muchas libertades, y ha de estar bajo tutoría. Así en nombre de la opinión publica, se condenan las opiniones no adecuadas y políticamente inconvenientes, recordemos las múltiples sanciones a “Triunfo”, “La Codorniz”, “Tele-Exprés”, “Madrid” etc. por sus opiniones disolventes, contrarias a la moral , o a la política del régimen. Al diario “Madrid”, se le sancionó por un articulo que habla de las dos Españas, y dice la sentencia ; “como no hay mas que una, la vital, sincera y honrada España del franquismo, se sanciona por la falta de respeto a la verdadera Historia de España, engendradora de la verdadera política actual”.

En otra sentencia, del periodo mas brutal del franquismo, el magistrado ponente dice:”En nuestro país se disfruta de todas las libertades conciliables con el mantenimiento del orden y el desenvolvimiento de la convivencia pacifica como verdadero Estado de derecho”. Y se queda tan fresco, tal vez esperando que le den una medalla.

“Los limites de la libertad vienen impuesto por el ataque de ideologías agresivas, que pone en peligro al estado y éste tiene que defenderse…Las ideas y opiniones contrarias al régimen son calificadas de violentas, agresivas y subversivas; y las reuniones y manifestaciones, son por sí, delictivos e ilegítimos, pues la falta de autorización gubernativa, equivale a ilicitud”.

En otra sentencia del T.S. se afirma que el art. 251 del C.P. criminaliza la libre expresión del ciudadano que el legislador ha considerado perjudiciales” y es que la “critica y la oposición impiden el normal proceso de madurez política que el régimen pretende alcanzar.

Son numerosísimas las sentencias que condenan las libertades cívicas, que hoy consideramos derechos fundamentales, como el derecho a la huelga, el de sindicación, el de reunión y manifestación, a la libertad de prensa, de expresión, de asociación, de partidos políticos, etc. etc. cuya infracción podía suponer condenas de cárcel, como tantos de nosotros habremos pasado.

La moral

Finalmente nos referiremos a la Moral, otro de los ejes del nacional-catolicismo del régimen franquista, convirtiendo la moral católica, apostólica y romana en la esencia del fascismo español.

La religión católica y su moral están muy presentes en numerosas sentencias del T.S., que en ocasiones reflejan una sumisión más papista que el papa. Así se habla de “moral cristiana “ o “interpretación cristiana de la vida”.- “Las religiones no católicas atentan a la unidad espiritual de la patria”.- El principio de obediencia a la autoridad está en la base de la moral del ciudadano: “el honor de las autoridades se deriva de principios éticos, intangibles e intocables”.- La homosexualidad es calificada como aberración sexual, nefando vicio, acto contra natura, que exige una dura condena”.- La mujer es concebida con los siguientes rasgos: “debilidad natural y física; pudorosa como defensora de su virginidad frente al varón; sexualmente pasiva.

La moral familiar en las SS.TT. reproduce el esquema clásico de la doctrina católica: “la familia como célula de la sociedad”; “El estado está obligado a su defensa frente a doctrinas disolventes”; “es una institución natural dotada de un orden normal de carácter sagrado y santo”.- El matrimonio “es indisoluble, basado en principios religiosos, morales y jurídicos, que informan el orden publico del Estado español”. En época tan avanzada como 1973, el T.S. condena a “Triunfo” por defender el divorcio, y considera el artículo como inmoral y que preconiza la desaparición del vinculo familiar en sentido nihilista”.- “El marido tiene la potestad de dirección y ello se basa en la naturaleza, la religión y la historia, lo que le confiere una especifica dignidad, el 'honor de padre' ”.- La esposa es “esposa fiel, fidelidad que procede del orden sacramental. Su adulterio ofende al marido”.- Los hijos deben ser disciplinados, trabajadores y obedientes”.

La defensa de la moral es tema prioritario: condena los desnudos totales o parciales en revistas, cines, espectáculos etc. Estima contrario a la moral todo lo que propenda al triunfo de las pasiones corporales sobre el espíritu, la ofuscación por la sensualidad. Defiende el fin espiritual de la especie humana. En fin así seguiríamos hasta hartarnos, pues las hay a centenares.

Como decíamos al principio, los autores de toda esta ideología plasmada en sus sentencias que acabáis de oír, pasaron en la Transición a ocupar cargos de la más alta institución judicial del estado “democrático”, tras la muerte de Franco, donde permanecieron hasta su jubilación. Por eso, como dice Bastida:” esa ideología pervive aún hoy, porque alguno aún están vivos y porque estamos viviendo una progresiva judicialización de la política, al mismo tiempo que una derechización de esos jueces, intentando tratar al poder judicial como un compartimento estanco, no susceptible de critica o de juicio, como cualquier servidor del Estado.

¿Nos extraña aún que esos jueces u otros con similares ideología en colaboración con FE y de las JONS y Manos Limpias, hayan llevado al banquillo al mas eficaz y honesto de los jueces, que inició la Jurisdicción Universal y la hizo realidad?

Antonio Martín Martín

Abogado y Vicepresidente de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates.

Ponencia presentada en la Mesa de Juristas de Santa Cruz de Moya (Castilla-La Mancha) el 2 de octubre de

Barclays estima devaluación de 15%

Barclays estima devaluación de 15% para el próximo año

Estiman que los bonos que ofrecerá Pdvsa al BCV serán por $2,5 millardos.

La firma calcula que las emisiones que realizará la República y la industria petrolera ascenderán a $10 millardos

EL UNIVERSAL

viernes 19 de noviembre de 2010 12:00 AM

Luego de encuentros con representantes del Gobierno y el Banco Central de Venezuela, la firma Barclays preparó un reporte sobre Venezuela, en el cual indica que para fines de año la industria petrolera efectuará una emisión de bonos con el objetivo de pagar las obligaciones con el instituto emisor y alimentar el sistema de transacciones de títulos del BCV, y para el 2011 se realizaría otro ajuste cambiario.

En su informe, la banca de inversión, expresa que en el primer trimestre de 2011, y especialmente en las primeras semanas del año, podría hacerse una devaluación de 15%.

Las autoridades venezolanas están cambiando su percepción sobre los ajustes a la moneda y expresan que no pueden repetir los errores del período 2005 a 2010 cuando se ancló el tipo de cambio y el promedio de inflación fue 22%, consideran que después de la devaluación realizada en enero de este año el índice de precios terminará en los mismos niveles de 2009.

Barclays señala que si el Gobierno realiza la devaluación también habrá ajustes en la tasa de referencia del Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), que maneja el instituto emisor.

Considera que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) seguirá atendiendo la demanda de los sectores, sin embargo, las autorizaciones de divisas se reducirán, por lo cual se espera que la demanda de instrumentos a través del Sitme se incremente.

Papeles de la industria

La firma indica que de acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el sector público tiene en cartera títulos por 3,5 millardos de dólares, los cuales serían utilizados en el Sitme, aunque se espera que Pdvsa haga una emisión privada por 2,5 millardos de dólares. Ello permitiría al ente emisor tener disponible bonos por 6 millardos de dólares.

En el reporte se añade que la industria petrolera tiene que efectuar un pago al instituto emisor de entre 1,8 millardos y 2 millardos de dólares por un préstamo de 4,8 millardos de dólares, y para hacer este pago se prevé que la industria reabra la emisión de bono 2017 (que colocó recientemente) por más de 2 millardos de dólares.

Esa operación también se debería a los pobres resultados que se registraron con el canje del petrobono 2011, la banca no descartaría una emisión privada con los papeles 2013.

Para el resto del año se calcula que las emisiones del Gobierno y la industria petrolera sumen 10 millardos de dólares. La firma calcula que para los próximos dos años la estatal tendrá que cancelar al ente emisor 8 millardos de dólares y estima que si en el Ministerio de Finanzas continúa Jorge Giordani, bajarían las emisiones de la República.

Respecto a los proyectos de la Faja, indica que existen posibilidades de que la producción aumente en 400.000 barriles diarios para 2013. MAH

Consumo privado acumula seis trimestres seguidos de caída

Gobierno presionó la demanda con más importaciones, pero no logró mejoras

El repunte de los precios de los alimentos ha restringido las posibilidades de compra de las familias (Paulo Pérez Zambrano/ Archivo)

SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL

viernes 19 de noviembre de 2010 12:00 AM

En el tercer trimestre del año la industria manufacturera detuvo su caída, las importaciones aumentaron y se registró una mayor diversidad de productos en el mercado. Aun con esos resultados, el consumo registró su sexto trimestre consecutivo de retroceso.

Entre junio y septiembre el gasto de consumo final privado se redujo en 2,1%, mientras que el Gobierno presionó la demanda con más importaciones de productos de consumo final y logró que en ese período se expandiera en 3,4% la adquisición de bienes y servicios por parte del sector público.

El Banco Central de Venezuela (BCV) advierte en su último reporte trimestral que el consumo final del Gobierno no solo incluye el gasto en su propio funcionamiento, sino "todos aquellos bienes y servicios comprados a terceros por el Gobierno y suministrados directamente a las familias, así como los servicios de salud y educación, que determinan en consecuencia, un mayor consumo final efectivo en los hogares", es decir, los subsidios entregados desde el Estado.

Las importaciones públicas de bienes de consumo final se incrementaron 139% en un año, al pasar de 300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2009 hasta 717 millones en igual periodo de este año, para representar 35% del total de compras en el extranjero para consumo final.

No obstante, el indicador por excelencia para determinar el nivel que demandan los hogares es el del consumo final privado, que equivale a 72,2% de la renta nacional.

Menos dinero para gastar

La demanda de los hogares y de las empresas se encuentra afectada por la recesión, que para el tercer trimestre del año siguió afectando a la economía. De acuerdo a los datos presentados esta semana por el BCV, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,4%.

Pero a la recesión económica venezolana también le acompaña la inflación, la cual ha tenido un efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según cálculos basados en los datos oficiales, en el tercer trimestre el poder de compra de los asalariados se redujo en 4,9% con respecto a igual lapso anterior.

La caída ha sido profunda para los trabajadores del sector público, quienes observaron como se diluyó en 14,05%, mientras que para quienes labora en la empresa privada la reducción de la capacidad adquisitiva fue de 0,4%.

Los datos que maneja la firma consultora Datanálisis señalan que 40% del gasto familiar se dedica a la compra de alimentos, justo uno de los rubros que ha registrado el mayor ascenso de sus precios.

El instituto emisor informó que la inflación anualizada hasta del mes pasado fue de 27,5%, pero los precios al consumidor de los alimentos han subido 33,7% en ese periodo.

Solo la canasta alimentaria que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE) -que incluye los alimentos más básicos- se ubicó en septiembre en 1.334,67 bolívares, por encima de la remuneración mínima que rige en el país.

Ese costo, que fue aliviado por el efecto de los precios subsidiados de los productos que se expenden a través de la red de mercados populares Mercal, se ha incrementado en 29,7% con respecto a septiembre del año pasado, de acuerdo a los números que maneja el organismo gubernamental.

stejero@eluniversal.com

jueves, 11 de noviembre de 2010

Crear ciudadanos

Alain Touraine

Usted ha señalado que hay una desfiguración del Estado soberano en el contexto mundial actual ¿En qué medida el neoliberalismo ha contribuido a ello?

Este proceso de desaparición es mucho más antiguo. Soberano significa que tiene una legitimidad, que viene desde arriba. La noción de soberano prácticamente desapareció con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. La idea de soberanía ha perdido su fuerza en la medida en que el capitalismo ha tomado mayor autonomía y ha logrado predominio sobre el poder político. La globalización, que yo defino como la forma extrema del capitalismo, obviamente ha tenido un papel importante en esto porque se constituye como una serie de redes financieras y económicas que no tienen un centro de operaciones. La lógica interna del mercado es que no existe ningún control, ninguna regulación.

¿Cómo se palpa esa crisis del Estado soberano?

En que sus elementos se reparten en todos los niveles, del más global al más local, y la tecnología, más aún que la organización económica, escapa al control del Estado. La economía administrada, que había dominado el mundo de la posguerra, ha desaparecido casi completamente y es considerada, en los antiguos países comunistas e incluso en algunos países occidentales, como un obstáculo al desarrollo económico. El crecimiento económico viene en parte gracias a la tecnología y en parte a la motivación, por lo tanto lo económico hay que revincularlo con factores sociales de creatividad.

¿Cómo combatir este periodo de capitalismo salvaje?

No sé si el capitalismo es salvaje; el capitalismo en su definición es autónomo y precisamente busca su autonomía frente a todos los sistemas de regulación y control. El problema no es estar a favor o en contra del capitalismo, sino que el problema que hay que solucionar es que haya un sistema de control de la economía porque ésta no puede seguir siendo independiente de la sociedad, por cuanto termina destruyéndola y un ejemplo de ello es la desigualdad y la exclusión social, lo que desemboca en violencia como lo estamos viendo en varias partes del mundo.

¿La política perdió terreno frente a la economía?

Obviamente que sí, sobre todo en los últimos años. Pero hay un fenómeno curioso que se ha venido dando en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 y es que se puede observar que hay una fuerte preponderancia de lo político. Desde entonces, los temas económicos han perdido importancia y Bush logró su reelección dando prioridad en temas políticos, mientras sus adversarios en el mundo dan más importancia a los asuntos religiosos. Desgraciadamente lo político viene teniendo audiencia por los aspectos más negativos y no al revés como debería suceder, pues lo político es la capacidad de organizar intereses y proyectos sociales.

¿Cuál es su análisis de los efectos de la globalización?

La globalización se ha olvidado del individuo, de sus diferencias y de su identidad, imponiendo una dinámica en las sociedades modernas que afecta a las minorías, a las pequeñas etnias y a las sociedades pequeñas. El triunfo del sistema capitalista, sobre todo del capital financiero, se ha olvidado de los patrones culturales, de las tradiciones y nos ha impuesto un ritmo de vida diferente al que estábamos acostumbrados en otra época. Sin embargo, la globalización económica no implica homogeneización política.

¿Frente a los efectos negativos del neoliberalismo, la resistencia política es una respuesta adecuada?

Por definición. La política es el resultado de una voluntad, de una demanda, de una reivindicación social. Es la manera de poner en el mismo plano la demanda social con la oferta, si se puede hablar así. Creo que hemos vivido un periodo de vacío a partir de la caída de la Unión Soviética, porque los modelos políticos eran del pasado. Desde entonces se ha desarrollado una ideología de la imposibilidad de actuar, por eso se hace necesario pensar de nuevo y eso no se logra en forma rápida. Yo aspiraría a que el mundo académico se interesara más sobre temas muy presentes como la vejez, las enfermedades mentales y de transmisión sexual, la actitud frente a la vida humana en materias como aborto, fecundación y eutanasia, la dependencia económica, en fin. La meta urgente de los intelectuales tiene que ser ayudar a definir las alternativas de las demandas sociales que los sistemas políticos están en el deber de desarrollar.

Considero que la prioridad de ahora es defender, fomentar y re-crear la democracia, es decir, más importante que todo es ser un ciudadano, que todos tengamos como meta principal crear ciudadanos, gente con más capacidad de intervenir en la vida pública.



Alain Touraine.
Sociólogo y director de la Escuela Superior de Altos Estudios de París.

Entrevista realizada por Fernando Arellano Ortíz para www.cronicon.net


sábado, 6 de noviembre de 2010

El alcalde y el ingeniero

(nueva perspectiva de la aprobación del plan Cerdà en su 150 aniversario)
Glòria Santa-Maria Batlló

Se cumplen ahora los 150 años de la aprobación definitiva del proyecto de ensanche de Barcelona del ingeniero Ildefons Cerdà, el 31 de mayo de 1860. Es, pues, una buena ocasión para revisar y analizar el contexto barcelonés de aquel momento, punto de llegada de un largo recorrido del municipio de Barcelona en lucha durante décadas para obtener su ensanche. Cuestión primordial es entender la lógica de la actuación del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por el progresista Josep Santa-Maria, que lideró la defensa de las competencias municipales ante la tendencia centralizadora del Estado.

El derribo de las murallas durante el Bienio Progresista (1854-1856), junto con la aprobación de unas bases de ensanche ilimitado y la elaboración por Ildefons Cerdà del plano topográfico de la llanura de Barcelona, supusieron avances decisivos para las aspiraciones de la ciudad. Pero el acuerdo municipal de escoger el proyecto por concurso público, y todo el proceso hacia el ensanche, quedaron en suspenso con el regreso de los moderados al Gobierno en 1856. Además, la desaparición de las murallas, aunque era un paso imprescindible, no era suficiente si Barcelona mantenía el estatuto de plaza de guerra, que podría comportar nuevas fortificaciones o unos fuertes exteriores sin murallas; es decir, un ensanche supeditado a la conveniencia estratégica militar.

Pero la situación política cambia el 30 de junio de 1858 con la formación de un gobierno de Unión Liberal, alianza de moderados y progresistas, presidido por Leopoldo O’Donnell. El nuevo ejecutivo nombra alcalde de Barcelona al progresista Josep Santa-Maria y Gelbert, cuya última actuación política relevante había sido la presidencia de la Junta de Derribo de las murallas durante el intento fallido en el período progresista de 1843. El acceso a la alcaldía de Santa-Maria posibilita, en ese contexto de cambio político, la ruptura con la línea del anterior Ayuntamiento y la reanudación del programa de ensanche frustrado con el fin del Bienio Progresista.

Así, el nuevo alcalde y el consistorio barcelonés sitúan como prioritaria la reivindicación que Barcelona deje de ser plaza de guerra. En consecuencia, cuando a finales de julio de 1858, el Gobierno central aprueba un anteproyecto de ensanche limitado, elaborado por ingenieros militares y por el arquitecto Francesc Daniel Molina, el Ayuntamiento lo rechaza y demanda en contrapartida que Barcelona deje de ser plaza fuerte, como condición indispensable para que el ensanche sea ilimitado. Esta petición municipal es aceptada por el Gobierno el 9 de diciembre de 1858 y se abren así las puertas al ensanche.

Reanudación del programa municipal del Bienio Progresista

La nueva coyuntura favorable a la expansión ilimitada de la ciudad, en un contexto de duración efímera de los gobiernos del Estado, es aprovechada rápidamente por el Ayuntamiento presidido por Santa-Maria que, con la renovación de concejales del día 1 de enero de 1859, tenía mayoría progresista.

El consistorio reemprende y actualiza el programa del Bienio Progresista de manera inmediata:

  • Reivindicación de la propiedad municipal de los terrenos de las antiguas murallas (que habían sido adjudicados al ministerio de Guerra), para calles espacios y edificios públicos del ensanche.
  • Propuesta de modificación de la ley de expropiación forzosa vigente, por considerar que favorecía a los propietarios particulares en detrimento del interés público.
  • Actualización de las bases para la formación del plano de ensanche, directrices que se habían aprobado en 1855 cuando Cerdà era concejal. Las bases de 1859 serán similares a las de 1855: ensanche ilimitado, amplitud de las vías: los paseos de 30 a 60 metros y las otras calles de 12 a 30 metros; obligación de destinar a patios, jardines y huertos una superficie igual a la edificada, etc.
  • Convocatoria de un concurso público de proyectos de ensanche regido por las bases aprobadas. Se cumplía así el acuerdo municipal tomado el 27 de noviembre de 1855 -cuando se presentó al pleno del consistorio el plano topográfico elaborado por Cerdà- de elegir el plano urbanístico de ensanche por concurso público.
  • Potenciación de la participación ciudadana a través de la Comisión Consultiva, formada por representantes de las entidades ciudadanas.

En este programa se introducían dos novedades importantes y sin precedentes en relación al del Bienio Progresista: la modificación de la ley de expropiación forzosa, en vigor desde 1836, y la introducción de la mejora y reforma de la antigua ciudad en las bases de ensanche.

Para resolver el problema de la financiación de la construcción de la nueva ciudad y la reforma del casco antiguo, la filosofía del consistorio era que fuesen sufragadas por los propietarios del ensanche que, al convertirse sus terrenos rústicos en edificables, serían los grandes beneficiarios de la operación. Así, además de proponer una modificación de la ley de expropiación forzosa en esa dirección, el Ayuntamiento elaboró también unas bases económicas que partían del principio de prescindir de la idea de expropiación y consiguiente indemnización del terreno para vías públicas, substituyéndola por la cesión gratuita al municipio de los propietarios que quisiesen edificar en la nueva ciudad. Se prescribía asimismo un impuesto del 30% sobre el valor de los solares edificables del ensanche, cuya mitad se destinaría a la reforma de la ciudad antigua. Pero la oposición de los propietarios contó con el apoyo del Gobierno central que rechazó las propuestas municipales.

A pesar de la oposición de los propietarios del interior a la reforma del casco antiguo, que albergaba en aquel momento la totalidad de la población de Barcelona, el alcalde se implicó personalmente en defender que el ensanche tenía que comportar necesariamente la reforma y mejora de sus condiciones higiénicas:

"Mezquino y sin elevadas miras sería el ensanche si sus consecuencias no fueran extensivas á la mejora de lo existente, si la Barcelona antigua no debiese ver desaparecidas todas sus condiciones antihigiénicas, de ninguna comodidad, de falta de ornato, esas condiciones que tanto la afean á los ojos de nacionales y extranjeros. Entonces el ensanche fuera una monstruosidad, un todo informe que las pondría más en relieve, y por esto el Ayuntamiento consignó, -y esa es cabalmente su mayor gloria- que el ensanche tenía dos objetos: uno la mejora de lo existente, otro el verdadero ensanche, lo que realmente lo constituye".
(Carta del alcalde Josep Santa-Maria y Gelbert al gobernador civil de Barcelona, Ignasi Llasera y Esteve, 30 de junio de 1859)

Aprobación unilateral del proyecto de Cerdà y reacción municipal

Al margen del proceso municipal y por su cuenta, Ildefons Cerdà opta por la vía que le parece más directa para la aprobación de su proyecto: adelantarse a todo el mundo y pedir al Ministerio de Fomento –para el que había trabajado como funcionario hasta 1849- autorización para realizar los estudios de ensanche y reforma de Barcelona. El permiso para realizarlos, en doce meses y sin derecho a la concesión definitiva del proyecto si no se consideraba conveniente, se le concede por Real Orden de 2 de febrero de 1859. Al Ayuntamiento le llega esta noticia el 11 de febrero, cuando ya hace más de un mes que ha iniciado el proceso que culminará en el concurso municipal; proceso que cuenta con la aprobación del gobernador civil.

Cerdà, sin tener acabadas las bases económicas, adelanta la presentación de su proyecto al Ministerio de Fomento al 18 de abril de 1859, el día siguiente a la publicación en el "Diario de Barcelona" de la convocatoria del concurso municipal. Es decir, dos meses y medio después de recibir autorización para realizar los estudios, cuando en realidad contaba con un plazo de 12 meses. Poco después, como es sabido, el Gobierno aprobó el plano de Ildefons Cerdà encargándole también la elaboración de las ordenanzas de construcción y de urbanismo, por Real Orden de 7 de junio de 1859. Inmediatamente, los propietarios de los terrenos de la zona del ensanche, ávidos por empezar a construir, apoyaron el proyecto de Cerdà y pidieron permiso al Gobierno para iniciar las obras.

Pero la aprobación gubernamental del proyecto de Cerdà, sin tener en cuenta al Ayuntamiento, entraba en contradicción con las competencias del consistorio de Barcelona a quien, por la Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos de 1845, correspondía deliberar sobre el plano de ensanche y elaborar las ordenanzas municipales, independientemente de en qué ministerio radicase el expediente. Una vez ejercida esta competencia municipal, la decisión final la debía tomar el Gobierno del Estado. Se daba la circunstancia, además, que la convocatoria del concurso había quedado legitimada por la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que entonces se llamaba "Gaceta de Madrid", el 24 de abril de 1859 y en los boletines oficiales de todas las provincias. Por otro lado, más de treinta opositores estaban ya elaborando sus proyectos.

En consecuencia, el consistorio barcelonés, sorprendido por la adjudicación del ensanche a Ildefons Cerdà en pleno proceso del concurso público, presenta un recurso contra esta decisión por vulneración de las atribuciones municipales. La exposición del Ayuntamiento, aprobada el 9 de julio de 1859, recogía los argumentos legales del dictamen de sus letrados, pero incorporaba también las razones políticas municipalistas:

"[...] el ensanche de Barcelona á nadie en primer término interesa sino á esta misma ciudad, que tiene su razón de ser, que tiene vida propia, como la tiene un individuo; ella debe pues darse cuenta de su existencia, ella está en el deber de conocer y apreciar las condiciones de su desenvolvimiento, de su desarrollo moral y material, porque según sean éstos, se afianza ó destruye su porvenir, se consolidan ó caen por tierra los inmensos gérmenes de su prosperidad y pujanza actual y futura [...] y sobre todo queda siempre en pie el hecho singularísimo, quizá sin ejemplar en la historia de un pueblo, de haberse adoptado para su extensión un plano, privándose al Ayuntamiento del derecho de deliberar acerca del mismo, de conocer y dar su opinión sobre sus más o menos favorables condiciones.
[...] el Ayuntamiento no acierta á explicarse el por qué el ingeniero Cerdà huyendo, como quien dice, del concurso, lidia honrosa para el verdadero saber, para el artista de corazón, se apresuró a buscar la aprobación de sus obras fuera de aquella vía natural, la más propia, para recoger merecidos laureles [...].
[...] se han llevado las cosas al extremo, apenas creíble, de facultar á un particular para escribir un proyecto de ordenanzas de construcción y de policía urbana, sin hacer caso de las atribuciones conferidas á las Municipalidades á tenor del párrafo 1.º del artículo 81 de la ley orgánica de estos cuerpos. [...]
¿Cómo es admisible, Señora, que tratándose de mejoras materiales y en un asunto que afecta á Barcelona, el Ayuntamiento no sepa siquiera lo que se ha resuelto, ni cómo se ha resuelto? [...] De todas maneras, Señora, la Real orden mencionada vulnera hondamente y mina por su base las atribuciones de esta Corporación".
(Extracto de la exposición del Ayuntamiento de Barcelona dirigida a la reina, 9 de julio de 1859).

El gobierno municipal toma además otra decisión. Una comisión de concejales viaja, a finales de julio de 1859, a Madrid para exponer verbalmente al Gobierno las razones del Ayuntamiento y pide también reiteradamente la participación de Cerdà en el concurso municipal. Los concejales dicen incluso tener noticias de que el proyecto del ingeniero es muy bueno y podría ser el predilecto del Ayuntamiento, pero que tenía que someterse al concurso público como todos los demás.

Paralelamente, el 11 de agosto de 1859, el alcalde Josep Santa-Maria propone que sea acuñada una medalla de oro que, desde noviembre de 1855, estaba pendiente de entregarse a Cerdà en agradecimiento por la elaboración del plano topográfico de la llanura de Barcelona. Es sintomático que, cuando hacía casi cuatro años que se había acordado conceder la medalla a Cerdà, fuese precisamente en aquellos momentos en que el Ayuntamiento estaba reclamando en Madrid en contra de la aprobación del proyecto de ensanche del ingeniero, que el alcalde plantease al gobierno municipal no retrasar más la entrega de la medalla. Parece que sólo puede interpretarse como un gesto de buena disposición hacia Cerdà, que reforzaba la petición de que se presentase al concurso reiterada por la comisión de concejales en las entrevistas con el Gobierno del Estado.

La pugna entre Fomento y Gobernación en el trasfondo del ensanche de Barcelona

Pero los concejales no tuvieron éxito en su reclamación en Madrid, entre otras cosas porque la decisión para reconducir el proceso ya estaba tomada. Así, una Real Orden de 31 de julio de 1859 permitía celebrar el concurso municipal, pero reservaba al Gobierno la facultad de escoger entre el plano de Cerdà y el ganador del concurso.

Sin revelar la Real Orden promulgada, hasta el final de las conversaciones entre concejales de Barcelona y Gobierno, el ministro de Fomento reconocía que el Ayuntamiento tenía atribuciones deliberativas sobre el ensanche, pero adujo en un primer momento que el plano aprobado por el Gobierno era el mismo que el consistorio había aprobado en 1855 y, posteriormente, que era un corolario de dicho plano. Los concejales replicaron que lo único que había aprobado el Ayuntamiento en 1855 era el plano topográfico y había acordado que el plano de ensanche se escogería por concurso público. Todos los ministros a excepción del de Fomento, marqués de Corvera, y el presidente del gobierno, Leopoldo O’Donnell, dieron la razón al Ayuntamiento.

En realidad, y aquí estriba el punto clave de todo este asunto, las entrevistas con los ministros revelan un fuerte enfrentamiento entre el ministro de Gobernación, José Posada Herrera, que ofrecía su pleno apoyo a las reclamaciones del Ayuntamiento de Barcelona, y el marqués de Corvera, ministro de Fomento, que había aprobado el plano de Cerdà. Posada Herrera había visto denegada, el 24 de marzo, su reclamación del expediente de ensanche de Barcelona, radicado en Fomento, y acusaba a Fomento de absorber asuntos competencia de Gobernación y de tender a absorberlos todos. Precisamente, cuando era Gobernación el ministerio encargado de desarrollar uno de los principios programáticos del Gobierno de la Unión Liberal: la descentralización administrativa.

El proyecto de Cerdà interesaba a Fomento como modelo general de ensanche en todo el reino, junto a una serie de proyectos de amplio alcance territorial a ejecutar por su equipo de ingenieros. En este marco se evidenciaba una entente bajo mano, desde el principio del proceso, entre Fomento y Cerdà en detrimento de Gobernación y de las competencias municipales de Barcelona.

Posteriormente, el alcalde Josep Santa-Maria se niega a cumplir una Real Orden de 17 de septiembre de 1859 que mandaba al Ayuntamiento que evaluase el proyecto de Cerdà al margen del concurso. La negativa del alcalde obedecía a que la condición previa del Ayuntamiento era que el ingeniero se presentase al concurso, que sería juzgado por un tribunal técnico independiente. Como es sabido, se celebró el certamen municipal -al que no se presentó Cerdà- y obtuvo el premio el proyecto del arquitecto Antoni Rovira y Trias.

La decisión posterior del Gobierno de rechazar el proyecto ganador del concurso y ratificar el de Cerdà, el 31 de mayo de 1860, fue acatada por el Ayuntamiento de Barcelona. La postura del alcalde era facilitar el inicio del ensanche sin más dilaciones. Pero, al mismo tiempo, el consistorio barcelonés proponía unas nuevas bases económicas adaptadas a la aprobación del plan Cerdà, y pidió la modificación del plano en tres aspectos clave: abrir la plaza de Catalunya (no prevista por Cerdà), construir un bulevar de circunvalación de 60 metros de anchura (en substitución de la ronda de 30 metros del plano aprobado) y conservar el paseo de San Juan.

El 7 de septiembre de 1860 el ministerio de Gobernación recupera los expedientes de ensanche de Barcelona y Madrid, radicados hasta ese momento en Fomento. El Ayuntamiento de Barcelona reclama sus competencias sobre ensanche y reforma, asumidas por el Gobierno Civil con Cerdà como técnico asesor a partir de julio de 1860, y le serán reconocidas por Real Orden de 13 de septiembre de 1862. A consecuencia de ello Cerdà pasa del Gobierno Civil al Ayuntamiento donde ejercerá de concejal y se integrará en la Comisión de Ensanche a partir de enero de 1863.

Pero el Gobierno central no aprobó ni el plan económico del Ayuntamiento ni el de Cerdà, en cambio, el 29 de junio de 1864 promulgó la Ley de ensanche de las poblaciones. Esta norma prescribía que los ayuntamientos tenían que pagar los costes de urbanización de las calles, además de indemnizar a los propietarios de los terrenos. El Ayuntamiento de Barcelona no disponía de recursos y la falta de financiación retrasó la urbanización del ensanche e imposibilitó la reforma de la ciudad vieja.

El compromiso municipalista decimonónico está hoy de máxima actualidad, entre otras cosas, porque formuló "avant la lettre" el principio de subsidiariedad adoptado por la Unión Europea: que todo aquello que pueda hacer la administración más próxima al ciudadano, no lo haga la superior. Es decir, cuanto más cerca de los ciudadanos se gobierne, mejor, porque la fundamentación del poder político es el servicio a la sociedad. Ello comporta reforzar el poder político y la autoridad del gobierno local que necesita, en consecuencia, recursos económicos suficientes y una gestión democrática transparente.

Glòria Santa-Maria Batlló.
Autora del libro "Decidir la ciutat futura, Barcelona 1859", publicado por el Museo de Historia de Barcelona. Este artículo ofrece una síntesis de algunos aspectos de la investigación realizada.

lunes, 1 de noviembre de 2010

LA INSEGURIDAD CIUDADANA HA CAMBIADO NUESTRAS VIDAS (*)

Por Jaume Curbet (**)

* Una versió molt ampliada d’aquest article es pot trobar a Curbet, J. (2010). El rei nu: Una anàlisi de la (in)seguretat ciutadana [Edició en castellà: El rey desnudo: La gobernabilidad de la seguridad ciudadana (2009). Edició en italià: Insicurezza: Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli (2008)]

** Director del Màster en Polítiques públiques de Seguretat (Universitat Oberta de Catalunya i Institut de Seguretat Pública de Catalunya). Investigador associat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Autor, en els darrers anys, de La glocalización de la (in)seguridad(2006); Temeraris atemorits: L’obsessió contemporània per la seguretat (2007); Conflictos globales, violencias locales(2007); Insicurezza: Giustizia e ordine pubblico tra paure e pericoli(2008) [Edició en castellà: El rey desnudo: La gobernabilidad de la seguridad ciudadana(2009). Edició en català: El rei nu: Una anàlisi de la (in)seguretat ciutadana(2010)].


1. LA GLOCALIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD

Las preocupaciones locales por la seguridad ciudadana han copado, las dos últimas décadas, los primeros lugares en las encuestas sobre las cuestiones que más preocupan la opinión pública, y han obtenido el tratamiento más espectacular a los medios de comunicación y, por lo tanto, también la prioridad en las agendas políticas.

Sin embargo, nuestra tendencia a pensar siempre en soluciones mejores sin ni siquiera considerar la posibilidad de enfrentarse a las causas del problema para eliminarlo [Panikkar, 2002] relega, demasiado a menudo, el análisis del problema y, por lo tanto, su comprensión. Hasta el punto que, en la práctica, el llamado "problema de la inseguridad ciudadana" se ha convertido en uno de los recursos, si no el principal, más usados -sin excluir la demagogia más descarnada- en las batallas políticas (por los votos) y mediáticas (por las audiencias). De manera que se hace difícil, cuando no simplemente imposible, el debate informado y sereno sobre las dimensiones del problema, sus causas y, sobre todo, las soluciones realmente disponibles. Los efectos de esta carencia injustificable, lejos de constituir una simple anomalía técnica, adquieren una relevancia política colosal.

Ya sea como resultado de la existencia de importantes intereses -corporativos, políticos y económicos- vinculados directamente a la existencia de unos niveles sostenidos de inseguridad ciudadana, o bien como consecuencia de la predisposición psicosocial a descargar las ansiedades difusas y acumuladas sobre un objeto visible, próximo y fácilmente asequible (mecanismo del chivo expiatorio), o todavía más probablemente, como la sinergia perversa de ambos factores -es decir, la conjunción entre los intereses creados en la inseguridad y la necesidad psicosocial de descargar la ansiedad acumulada-, la cuestión es que el problema de la inseguridad ciudadana constituye, sobre todo un problema mal formulado; y, los problemas mal formulados, como es bien sabido, no tienen solución. Entonces, advertir que nos estamos enfrentando a un problema mal formulado se convierte en la condición previa y del todo necesaria para encontrar la salida de este auténtico callejón sin salida.

Son dos, en mi parecer, las razones principales que explican este despropósito. En primer lugar, el problema de la inseguridad ciudadana se construye -a causa de la falta de compromiso económico y social por parte del Estado [Wacquant, 2006]- arrancando una parte específica de las preocupaciones por la seguridad (la inseguridad ciudadana -que se materializa en la esfera local) del resto (la inseguridad social -la cual se genera a escala global). En segundo lugar, la formulación del problema de la inseguridad ciudadana se sustenta en la confusión, en buena parte interesada, entre la dimensión objetiva (la probabilidad de ser víctima de una agresión personal) y la dimensión subjetiva (el temor difuso a la delincuencia); de manera que, casi sin necesidad de distinguir entre el riesgo real y el percibido -que, a pesar de sus evidentes interconexiones, aparecen claramente diferenciados-, las demandas de seguridad (la solicitud, por parte de los ciudadanos, de servicios de protección sean públicos o privados) apoyan en un temor difuso a la delincuencia que, a pesar de contener el riesgo real de ser víctima de una agresión, adquiere vida propia al margen de la evolución real de los índices de delincuencia.

Entre el riesgo y el temor

Es decir, sin un incremento real de la actividad delictiva, la percepción de inseguridad no parece aumentar significativamente. Con todo, una vez que la victimización incrementa la sensación de inseguridad, ésta adquiere una dinámica autónoma y diferenciada en que pueden intervenir muchos más elementos, que, únicamente, la expansión real de la delincuencia. De manera que, una correcta comprensión del fenómeno de la inseguridad ciudadana requiere tener bien presente que, «una vez consolidada, esta visión del mundo no cambia rápidamente. No es afectada por los cambios que se dan año tras año en las tasas del delito, aunque éstos impliquen reducciones en las tasas reales de victimización delictiva. Eso explica la aparente ausencia de una relación entre las tendencias del delito y el sentimiento de temor al delito. Nuestras actitudes ante el delito -nuestros miedos y resentimientos, pero también nuestras narrativas y formas de comprensión típicas del sentido común- se vuelven hechos culturales que se sostienen y son reproducidos por guiones culturales y no por la investigación criminológica o los datos empíricos oficiales» [Garland, 2005].

No es extraño, pues, que los que más experimentan esta sensación de inseguridad ciudadana no sean, necesariamente, aquellos sectores sociales que se encuentran más directamente expuestos al riesgo real a la agresión personal, sino aquéllos que no disponen ni de los recursos ni de la esperanza de vida requeridos para adaptarse a los vertiginosos cambios económicos, sociales y culturales que sacuden la denominada era de la globalización. Así se explica que en la configuración de este sentimiento de inseguridad aparezcan mezclados, con el miedo difuso de la delincuencia, otros temores (propios, en definitiva, de la inseguridad social global) que nada tienen a ver con el riesgo real para la seguridad personal.

En cualquier caso, la persistencia de este clima de incertidumbre asociado a la existencia de unos altos niveles de delincuencia, parece reflejar -en los ojos de los ciudadanos- ya sea una falta de voluntad de afrontar el problema o, peor, quizás una incapacidad para hacerlo. De manera que la extensión de los signos de desorden social lleva a los individuos a sentir en riesgo (real o percibido) en el territorio donde viven y, incluso, a tomar medidas particulares con el fin de protegerlo. Llegados a este punto, parece operar un doble mecanismo de adaptación: por una parte, los sectores sociales que disponen de recursos para hacerlo abandonan los lugares que amenazan de entrar en la espiral del desorden social y el declive urbano [Skogan, 1992]; por la otra, entre los sectores que no disponen de esta capacidad, el crecimiento del sentimiento de inseguridad alimenta no sólo las quejas sino también las actitudes y las reacciones punitivas.

A pesar de esto, la demanda de seguridad constituye una cuestión social que no puede, finalmente, ser reducida a la simple agregación de experiencias individuales o grupales y que, por lo tanto, requiere una respuesta política -en el contexto de una gestión integrada de la ciudad y de sus disfunciones- que sea capaz de trascender las respuestas meramente técnicas y represivas [Chalom i Léonard, 2001].

Llegados a este punto, todo indica pues que las demandas de seguridad, en nuestra sociedad, se configuran a partir del riesgo percibido a la delincuencia considerada como un todo indiferenciado -más que en base al riesgo real de ser víctima de un tipo específico de agresión-, prioritariamente, por parte de aquel sector de la población que se encuentra amenazado por la marginación económica y también por la social, cultural, política e ideológica.

Eso explica que las políticas públicas se orienten, prioritariamente, a responder a las demandas de seguridad de una población atemorizada (políticas de seguridad) más que a desactivar los diferentes conflictos que se encuentran en el origen de las diferentes manifestaciones de delincuencia (políticas sociales). Entonces, el círculo vicioso está servido: conflictos desatendidos que generan inseguridad en los sectores sociales más vulnerables; demandas de seguridad que responden al riesgo percibido antes que al riesgo real; políticas de seguridad que pretenden tranquilizar la población atemorizada sin modificar las condiciones de producción de estos temores; y, en consecuencia, inseguridad cronificada.

Reformular la inseguridad ciudadana

El estudio de la sensación de inseguridad (riesgo percibido) resulta fundamental para la correcta comprensión del fenómeno de la inseguridad ciudadana y, para eso, la estructura social y el territorio constituyen dos dimensiones básicas, ya que inciden en la desigual distribución de esta dimensión subjetiva del fenómeno entre la población [Curbet et al., 2007].

Con respecto a la estructura social, como hemos visto, la construcción del fenómeno de la seguridad ciudadana no se relaciona sólo con el riesgo real que experimenta la población de ser víctima de la delincuencia, sino que depende de muchos otros factores. Entre estos factores de riesgo, uno de los más importantes es la posición social de los individuos; que los hace más o menos vulnerables ante la inseguridad social. La necesidad de seguridad ciudadana se agudiza en aquellos grupos con una situación social más vulnerable, que experimenta una mayor sensación de inseguridad en todos los ámbitos de la vida y que dispone de menos recursos para afrontar los riesgos. En cambio, las personas dotadas de mayores protecciones otorgan una menor importancia a la seguridad ciudadana. Se trata de la población que disfruta de una posición competitiva en la economía global, políticamente integrada, con capacidad para desplegar nuevas formas de relación social, y que es consciente que dispone de recursos suficientes para controlar los riesgos.

Con respecto al territorio, las ciudades y sus barrios son mucho más que simples estructuras urbanas, ya que está allí donde se desarrollan las relaciones sociales de los ciudadanos, se materializan los aspectos positivos y negativos de la convivencia, y también son el lugar en el cual se plasman los temores y las seguridades de la población. La percepción de inseguridad en los barrios acostumbra a ser menor que en la ciudad; lo cual se explica por el hecho que el barrio es el espacio próximo y conocido, mientras que la ciudad es vivida como más lejana y desconocida. Los dos argumentos principales que confieren seguridad o inseguridad a un espacio son el lugar en sí, y la gente que lo frecuenta. Ambos factores se traducen en una única variable: el uso social del espacio, elemento básico para explicar el riesgo percibido en los diferentes territorios.

Otro factor que puede incidir en la percepción de inseguridad en el espacio público es el incivisme; porque la estructura de relaciones y la convivencia en el propio barrio es uno de los ámbitos privilegiados de la búsqueda de seguridades. El incivisme es, además, un factor que interviene en la percepción de inseguridad ciudadana a través del deterioro de los espacios públicos que suele comportar. Aunque el problema del incivisme pueda quedar también reducido a un chivo expiatorio de un problema mayor y más inquietante: la inseguridad ciudadana.

En todo caso, el problema de la inseguridad ciudadana resulta indisociable de la ausencia generalizada de indicadores fiables que permitan dimensionar correctamente las diferentes formas de delincuencia, continuar comparando su evolución a la de otras ciudades, países o regiones, y, finalmente, medir el impacto real de las diferentes políticas de seguridad. Entonces, la necesidad de disponer de indicadores fiables de la evolución de la delincuencia y la inseguridad, más que un reto exclusivamente metodológico, se ha convertido ya en una exigencia política de primer orden.

En la actualidad se dispone, cómo describe Torrente [2007], de tres fuentes de información para dimensionar los riesgos para la seguridad ciudadana que afectan a una comunidad: los controladores (policía, tribunales, inspecciones, etcétera), las víctimas y los transgresores. Los controladores ofrecen, claro está, exclusivamente datos relativos a los problemas que gestionan y normalmente se trata de cifras sobre infracciones o delitos procesados. Las víctimas pueden relatar sus experiencias, sus temores y sus demandas de seguridad; ofrecen, por lo tanto, un abanico de datos sobre la inseguridad tal como es vivida. Finalmente, los transgresores y los delincuentes pueden hablar de sus actividades, visiones e intenciones; siempre, claro está, tratándose de transgresiones o delitos reconocidos. Para recoger datos de cada una de ellas se puede recurrir a diferentes técnicas. Entre las más comunes, respectivamente, podemos encontrar las estadísticas policiales y judiciales, las encuestas de victimización y las encuestas de inculpación.

Sin duda, cada una de las fuentes y las técnicas utilizadas, por el hecho de que miden cosas diferentes, presenta sus propias limitaciones. Así, más de la mitad de los ilícitos penales no se denuncian y las sentencias condenatorias posiblemente no lleguen cuando menos al 8% de las denuncias; además, las estadísticas policiales tienden a sobre-representar "delitos de calle" -en detrimento de los de "cuello blanco" -, cometidos por jóvenes, hombres y de clase social baja. Por su parte, las encuestas de victimización encuentran dificultades para captar los acontecimientos con víctima colectiva; ponemos como caso, los delitos contra el medio ambiente, o bien los cometidos por organizaciones y profesiones. Finalmente, las encuestas de autoinculpación presentan problemas graves de no respuesta. En su conjunto, las diferentes fuentes tienden a sobre-representar las infracciones y los delitos cometidos en la vía pública y a infra-representar los otros; de manera que no hay una fuente ni una técnica ideal para evaluar la seguridad ciudadana. Así es que tanto los sociólogos como los criminólogos acostumbran a utilizar, en sus análisis, diversas fuentes. Sin embargo, las encuestas de victimización son, incluso con las limitaciones señaladas, la técnica que ofrece una visión más próxima a la realidad de la población; de manera que tienden a ser utilizados como a base de los indicadores de inseguridad subjetiva, es decir para medir el riesgo percibido.

Una dificultad añadida en el análisis de la inseguridad ciudadana radica no sólo en la falta de indicadores adecuados, sino también en sus propias limitaciones; ya que su elección siempre implica una selección y, por lo tanto, no puede quedar exenta de controversias teóricas y políticas.

A pesar de todas estas limitaciones, por otra parte inevitables, hay que entender que la tarea prioritaria consiste en reformular la problemática de la inseguridad ciudadana (asociada exclusivamente al peligro de la delincuencia de calle), en el contexto de la inseguridad social global, en unos términos que hagan posible afrontarla sin costes insostenibles para la libertad y la justicia.


2. LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Sin embargo, la elección e implantación de políticas y prácticas técnicamente viables (es decir, realizables) y políticamente sostenibles (es decir, aceptables socialmente) presupone la existencia de unas determinadas condiciones sociales, políticas y culturales de realización. De manera que la interacción, inevitablemente paradójica, entre la libertad de acción individualmente responsable por parte de los actores y la influencia decisiva de las condiciones sociales, políticas y culturales resulta ineludible.

En el último cuarto del siglo XX, en las sociedades industrializadas, el campo del control del delito y la justicia penal sufrió, si no un colapso o una ruptura completa, sí una crisis que hizo efecto sobre algunos de sus pilares básicos (peligro) y que dio lugar a una serie de respuestas adaptativas cuyos efectos llegan hasta nuestros días (oportunidad). Es en este periodo que, según Garland, se configura el escenario social y criminológico en el cual tendrán que desplegarse las nuevas políticas públicas; que viene marcado, especialmente en el último tercio del siglo XX, por dos hechos sociales fundamentales: la normalización de elevadas tasas de delito y las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal; los cuales, conjuntamente, darán lugar a un tercer hecho no menos trascendente: la erosión del mito -fundacional del Estado moderno- según el cual el Estado soberano es capaz de generar ley y orden y controlar el delito dentro de sus límites territoriales.

A principios de los años 90, cuando en las sociedades industrializadas la progresión de las tasas de delito iniciada en los años 60 parecía haber llegado a una especie de meseta, las tasas de delitos contra la propiedad y de delitos violentos registrados eran 10 veces superiores a las de 40 años atrás. Sin olvidar que las tasas correspondientes a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya eran el doble o el triple de las registradas en el periodo de entreguerras. De manera que, entre las décadas de 1960 y 1990, se desarrollaron un conjunto de fenómenos en torno al delito: la expansión de un miedo difuso del delito, unos comportamientos rutinarios de evitación, unas representaciones culturales y mediáticas omnipresentes y una generalizada "conciencia del delito" que dejó de considerar las altas tasas delictivas como un desastre transitorio y pasó a contemplarlo como un riesgo normal que hay que tener presente constantemente. Así, pues, en primera instancia, la experiencia contemporánea del delito se articula -en base a una nueva conciencia atemorizada de la inevitabilidad de altas tasas de delito- en un conjunto de supuestos culturales y representaciones colectivas que ni siquiera un descenso en las tasas de delito parece capaz de alterar.

Íntimamente vinculado a la normalización de elevadas tasas de delito, y prácticamente en paralelo, tiene lugar un segundo hecho determinante en la configuración de la experiencia contemporánea del delito: las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal. Si hasta a finales de la década de 1960 las instituciones de justicia penal parecían capaces de resolver adecuadamente el desafío que planteaba el incremento sostenido de las tasas de delitos registrados, durante la década de 1980 y a los inicios de los años 90 se observa una clara sensación de fracaso de las agencias de la justicia penal y un reconocimiento cada vez más explícito de los límites estatales para controlar el delito.

Esta visión, más o menos soterrada en los círculos oficiales, se convierte en mucho más estridente según una opinión pública que no duda en manifestar su posición crítica ante la justicia penal (particularmente ante la acción de los tribunales y los jueces), en la cual acusa de aplicar unas penalidades demasiado indulgentes y de no preocuparse lo suficiente de la seguridad pública. En este clima de desconfianza en la capacidad de la justicia penal, las políticas públicas consideran más realista afrontar los efectos del delito que abordar el problema en sí mismo.

La crisis del control estatal del delito

Sin embargo hubo que esperar a la colisión entre estos dos hechos -la normalización de elevadas tasas de delito y las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal- para darse cuenta que ¡"el rey va desnudo"!. Cuestionada en diversos frentes la capacidad del Estado para cumplir debidamente su propósito de gobernar los diferentes aspectos de la vida social, sin embargo, faltaba revelar la profundidad estructural de la mencionada incapacidad: ni momentánea ni parcial, la falta de pericia para generar los niveles esperados de control del delito ponía en evidencia la magnitud del fracaso estatal.

La erosión de la capacidad estatal para generar ley y orden y controlar el delito dentro de sus límites territoriales constituye, indudablemente, una verdad extremadamente difícil de asumir por las autoridades gubernamentales, que son conscientes de los enormes costes que supondría abandonar su pretensión de ser los proveedores exclusivos de seguridad pública; ya que la contrapartida de reconocer los peligros es el fracaso de las instituciones, la justificación de las cuales es precisamente la no existencia de peligros [Beck, 2008].

En realidad, sin embargo, la confianza en el poder público para controlar el delito es -como nos recuerda Robert [2003]- una invención relativamente reciente, y más en las prácticas sociales que en los discursos de los juristas estatales. De manera que no es de extrañar que se trate de una confianza frágil que, por lo tanto, necesite muy poco para resquebrajarse. Y no se tiene que ser excesivamente sensible para percibir, bajo la fina capa del sistema penal contemporáneo, el latido persistente de los ancestrales resortes del miedo, el poder, la violencia o la venganza.

Tampoco tendría que sorprender, por lo tanto, la lentitud y la dificultad que marcan el ritmo de avance de las reformas humanitarias en el campo del control del delito y la justicia penal; y al contrario la aparente facilidad con que se retorna a principios y estrategias punitivas que, para el espíritu ilustrado, pudieran aparecer como definitivamente superadas.

A los efectos de identificar los cambios producidos en el control del delito, Garland [2005] nos propone tener en cuenta dos conjuntos de fuerzas transformadoras. En primer lugar, los cambios sociales, económicos y culturales característicos de la modernidad tardía: cambios que fueron experimentados, de manera desigual, por todas las democracias industrializadas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y, de forma más acentuada, a partir de la década de 1960. En segundo lugar, la combinación de neoliberalismo económico y conservadurismo social que orientó las políticas públicas desplegadas en respuesta a estos cambios y, asimismo, a la crisis del Estado del bienestar.

Siguiendo a Garland, se pone de manifiesto que los cambios producidos en el campo del control del delito y la justicia penal, durante la última mitad del siglo XX, son debidos ciertamente en la acción combinada de decisorios políticos, diseñadores de políticas públicas, criminólogos y formadores de opinión; pero sólo se explican tomando en consideración además -como condición del todo necesaria- los cambios operados tanto en la estructura social como en las sensibilidades culturales que han hecho posible -en sentido técnico- y deseable -para los sectores más influyentes del electorado- este tipo de políticas públicas.

Ciertamente, en este cambio de milenio, han convergido, por una parte, la pervivencia de los elementos estructurales propios de la modernidad capitalista y democrática y, de la otra, el despliegue de profundas transformaciones -en las esferas económica, política, social y cultural- que han afectado desde los mercados económicos globales y el sistema de Estados nacionales hasta las condiciones básicas que rigen la vida de los individuos y las familias; cambios que, tanto por su alcance como por su intensidad, no podían sino alterar sustancialmente el campo del control del delito y la justicia penal.

En todo caso, sea cuál sea el resultado, la acción de la justicia penal está condenada, por su propia naturaleza, a generar disgusto y a veces desengaño e incluso franca hostilidad en alguna de las partes implicadas en el proceso: por ejemplo, tiene que tomar medidas sobre individuos peligrosos, e incluso liberar delincuentes que se reincorporan a la comunidad una vez cumplida la condena. En estas condiciones, los diferentes actores se miran mutuamente con desconfianza y se muestran, generalmente, escépticos sobre la eficacia global del sistema de justicia penal. No resulta extraño, pues, que para una gran parte de la población, el dispositivo estatal de control del delito sea considerado más como aparte del problema de la inseguridad ciudadana que de su solución [Garland, 2005].

La tensión entre políticos y administradores

No puede entenderse, en ningún caso, que eso justifique una reducción determinista de las opciones disponibles -tanto por parte de las agencias como de las autoridades del sistema de justicia penal- para responder a los mencionados cambios y, por lo tanto, para desplegar estrategias significativamente diferentes. El protagonismo, y por lo tanto la responsabilidad, de los actores en los cambios operados en el control del delito y la justicia penal, en esta última mitad de siglo, resulta incuestionable en la resolución de los problemas de que se van planteando sucesivamente.

Así, desde los gobiernos, se despliegan dos grandes estrategias de forma esquizofrénica orientadas hacia objetivos opuestos. Por una parte, se promueven reformas institucionales y políticas públicas destinadas, de una forma u otra, a superar los límites evidenciados de la justicia penal y a corresponsabilizar la comunidad en el control preventivo del delito (estrategia comunitaria). Pero por la otra los funcionarios electos -ante las dificultades de adaptar las políticas públicas a la incómoda realidad-, con frecuencia, reaccionan politizadamente ya sea para negar la evidencia y reafirmar el mito estatal del control exclusivo del delito o bien para abonarse a unas recetas de ley y orden de resultados electorales tentadores pero de efectos sociales impredecibles (populismo punitivo).

Ciertamente, el aumento y la cronificación de las tasas, de delito registrado en niveles altos, a partir de la década de 1960, perturbó notablemente las principales agencias de la justicia penal (la policía, los tribunales, las prisiones). Al incremento del volumen de trabajo del sistema de justicia penal (delitos denunciados a la policía, investigaciones realizadas, juicios celebrados, delincuentes encarcelados) se añadió la escasez de recursos para hacer frente al incremento de la demanda. De manera que, como hemos visto, la justicia penal empezó a ser vista como parte del problema más que de la solución. La ansiedad generada por el temor de perder la confianza del público, sin embargo, provocó reacciones diferentes y no siempre complementarias en los dos grupos principales de actores institucionales: los políticos y los administrativos.

Para los actores políticos, que se mueven en el contexto de la competencia electoral, las decisiones políticas están fuertemente condicionadas por la exigencia de adoptar medidas efectivas a corto plazo, que resulten populares y que no sean interpretadas por la opinión pública como muestras de debilidad o como un abandono de las responsabilidades estatales. De manera que las decisiones políticas en el ámbito del control del delito y la inseguridad tienden inevitablemente a buscar la espectacularidad, cuando no el simple efectismo, y a evitar a todo precio que puedan ser acusadas, por la oposición política o los medios de comunicación, de alejarse del "sentido común" [Garland, 2005].

En cambio, para los actores administrativos, encargados de la gestión de las agencias del sistema de justicia penal, las exigencias propias de las relaciones públicas y del contexto político son también importantes y actúan como influencias externas de sus decisiones; aunque, en el día a día, no son las consideraciones fundamentales que gobiernan la toma de decisiones por parte de los administradores. Y aunque tienen que obedecer las leyes y directivas producidas por los políticos, éstos últimos son visualizados por los administradores como una fuerza externa y problemática, con otros intereses y agendas, más que como una parte integrante de la organización.

Así, pues, en este contexto de presión creciente sobre el sistema de justicia penal, se configura una conflictiva relación entre políticos -que acostumbran a considerar las propuestas de políticas públicas en función de su atractivo político y en relación con otras posiciones políticas- y administradores -que están obligados a centrarse en los intereses propios de la organización que dirigen-, que pone de manifiesto la existencia de dos discursos basados en diferentes visiones de la crisis del control del delito, así como en lógicas, intereses y estrategias difícilmente conciliables, que hacen muy compleja la elaboración de políticas públicas, eficaces.

Esta tensión estructural entre políticos y administradores se hace especialmente visible, incluso con particular virulencia, cuando las situaciones de crisis, por una parte, ponen a las personas bajo una presión inmensa y provocan reacciones emocionales y, de la otra, desbordan los diseños organizativos, incluso, de las agencias que están llamadas a afrontar diferentes tipos de crisis, cómo puede ser el caso de la policía, los bomberos o el ejército [Boin, 2007]. Todavía más, quizás, en un ámbito de la gobernabilidad tan lleno de conflictos como lo es el sistema de justicia penal; en qué de forma cotidiana se tienen que tratar casos que, en condiciones de alta visibilidad pública y tensión emotiva, ponen a prueba la capacidad estatal para mantener el orden.

La opinión pública y los medios de comunicación

Este nuevo escenario no sólo ha alterado el papel concedido a los actores institucionales (políticos y administrativos), y en particular a la policía, sino que también ha concedido un protagonismo, hasta hace pocos años inimaginable en el campo del control del delito, a un conjunto variado de nuevos actores. Hasta el punto que, como hace resaltar Roché [2004], la eventual coordinación de estos diferentes niveles de administración y los nuevos actores constituye uno de los aspectos cruciales de la gobernanza de la seguridad ciudadana.

El efecto combinado de la normalización de elevadas tasas de delito y las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal -que explica, cómo hemos visto, la crisis del control estatal del delito- impactó no sólo en las agencias de justicia penal sino, por descontado, también y profundamente en la opinión pública.

No se trata sólo de la pérdida de confianza en el poder estatal de controlar efectivamente el delito sino, más allá de un descontento intenso pero pasajero, de la configuración de un nuevo "sentido común", sustentado especialmente en las clases medias, emocionalmente identificado con las víctimas del delito, beligerante contra los derechos del delincuente y profundamente crítico con las actuaciones de la justicia penal.

Pero no hay que olvidar que las actitudes de "sentido común" se caracterizan, con demasiada frecuencia, por una visión totalitaria que se ampara en una mezcla explosiva de suposiciones frívolas y dogmas ideológicos, y que confluyen en una demanda inflexible de justicia y castigo -que en realidad equivalen a venganza-, así como de protección a todo precio.

Planteado así, el problema de la inseguridad ciudadana es indudable que no tiene solución. Cae por su propio peso en el cual la aplicación simultánea de todos y cada uno de estos principios absolutos se convierte, simplemente, imposible. Eso se puede entender todavía mejor cuándo se contrastan, estas exigencias inflexibles, con la limitación de los recursos puestos a disposición de la justicia penal, las exigencias jurídicas en materia de prueba, la capacidad de acción de la defensa y las posibilidades de acuerdos en torno a la sentencia. De manera que no resulta fácil evitar que el público, frecuentemente, sea incapaz de entender las decisiones de la justicia penal y que, en muchos de estos casos, simplemente se escandalice.

Pero al referirnos a la opinión pública, en la era de la información, tenemos que tener necesariamente en cuenta el complejo pero importante papel ejercido por los medios de comunicación de masas y, sobre todo, de la televisión -que en la segunda mitad del siglo XX se consolidan como una institución central de la modernidad- en la formación de este sentido común contemporáneo, relativo al control del delito y la justicia penal, contenido en la opinión pública.

La influencia de los medios de comunicación sobre el fenómeno de la inseguridad ciudadana es objeto de un debate que no presenta síntomas de llegar a una conclusión satisfactoria. Por una parte, no hay elementos que permitan sostener, fundamentadamente, la tesis que reduce la opinión pública, prácticamente, a una mera creación de los medios de comunicación. Cómo tampoco, en el otro extremo, puede limitarse la participación de los medios de comunicación, en la formación de las percepciones populares sobre el delito, a una simple función de espejo de la realidad. Ni tanto ni tan poco. Y, probablemente, un poco de cada uno de estos atributos que tan rotundamente le son asignados a los medios de comunicación, pero en la justa medida.

Antes de nada, no se puede olvidar que los medios de comunicación de masas, en la sociedad mediática, se posicionan en un doble y complementario ámbito de poder: económico (forman parte, cada día más, de grandes corporaciones comerciales -progresivamente transnacionales- que luchan ferozmente, en el mercado de la información y el entretenimiento, para obtener los máximos beneficios a través de la explotación de máximas audiencias) y político (necesitan el poder político tanto como resultan imprescindibles para su ejercicio). Es decir, por si quedara alguna duda, los medios de comunicación no constituyen, exactamente, lo que parece anunciar la literalidad de su denominación: unos simples medios (desprovistos de interés propio) que se limitarían a informar sobre -cómo les gusta proclamar- "el qué pasa" sin añadir ni sacar nada en su provecho.

A estas alturas, no estamos aquí para considerar la legitimidad de los intereses propios (comerciales y políticos) que puedan defender, en cada caso, los medios de comunicación de masas, y en particular los televisivos; y todavía menos para recurrir a la siempre seductora "teoría de la conspiración" con el fin de cerrar con una explicación simple el complejo papel jugado por los medios en la formación del "sentido común" sobre el control del delito. Sin embargo, sí que hay que señalar que, en el crecientemente competitivo mercado del infoentretenimiento, no se trata de no atender necesidades materiales sino psicológicas y, por lo tanto, el reto consiste a ofrecer productos mediáticos destinados tanto a satisfacer deseos como a canalizar temores. Y si se trata de satisfacer deseos y temores, entonces la materia prima del negocio comunicacional, especialmente en su variedad audiovisual, no puede ser ninguna otra que una sucesión constante de novedades (impactantes, sorprendentes, emocionantes, desconcertantes y, todavía más, aterradoras) a todo precio [Gil Calvo, 2006].

No hay que insistir aquí en un hecho evidente: los medios de comunicación no producen ni las elevadas tasas de delito ni la erosión de la confianza en la capacidad estatal de controlar el delito. Pero tampoco, habría que aclarar, que en absoluto se limitan simplemente a informar sobre “esto”. Para Margaret Thatcher “esto” de la sociedad no existe y, en cambio, para muchos sociólogos -en un "thatcherisme invertido" - no existe nada que no sea sociedad [Beck, 2008]. El "sentido común" sobre el control del delito es, a pesar de unos y otros, una construcción psicosocial; es decir, un proceso por el cual un individuo, en interacción con muchos otros, se forma o bien se adhiere a una visión determinada sobre el funcionamiento del control del delito y la justicia penal. Y en la sociedad actual, el proceso de formación de este "sentido común" incluye, ya indispensablemente, los medios de comunicación. Lagrange [Robert, 2003] lo formula en unos términos sugerentemente equilibrados: los medios de comunicación reflejan una preocupación que no han creado, unos puntos de cristalización sobre violencias emblemáticas, y su influencia sobre la percepción de inseguridad ciudadana sólo se produce en caso de consonancia entre la vivencia del lector o espectador y el mensaje mediático.

A la revolución mediática que, sobre todo a partir de la década de 1960, cambió las relaciones sociales y las sensibilidades culturales -liderada, en primer lugar por los diarios de circulación masiva, después por la radio y finalmente por la televisión- hay que atribuirle, también, un doble impacto específico en la configuración del "sentido común" contemporáneo relativo al control del delito y la justicia penal. El éxito global de los medios de comunicación de masas, y la consiguiente perspectiva cosmopolita, hizo estallar los límites que mantenían fragmentados y relativamente estancos los mercados locales de la información -centrados en realidades étnicas, sociales y culturales particulares- y, con esto, va a "acercar" por todas partes los riesgos y problemas específicos que antes quedaban lo bastante aislados como para no poder alimentar una inseguridad difusa a escala global. De manera que, en la escenificación territorialmente indiscriminada del delito a escala global -a través de los medios de comunicación de masas-, todos podemos sentirnos expuestos ya no sólo a riesgos reales que se corresponden con la realidad delictiva local, sino también a riesgos percibidos que se alimentan de la narración indiferenciada, a través de los medios globales de comunicación, de problemas que afectan a grupos sociales y territoriales muy diversos y alejados entre sí.

Sin embargo, esta homogenización del espacio comunicacional no sólo facilita la propagación global -más allá de la experiencia local y directa compartida- de una inseguridad difusa (la percepción que todos podemos resultar víctimas de cualquier delito), desterritorializada (la percepción que todo puede pasar en todas partes) y, por lo tanto, inquietante (la percepción que incluso los delitos más aberrantes constituyen un problema de todos). Así mismo, la televisión se convierte en el escaparate que muestra a todo el mundo los nuevos estilos de vida y los correspondientes patrones de consumo que a la hora de la verdad, en las posibilidades reales de acceso, quedan limitados exclusivamente a un sector social restringido; con el correspondiente efecto perturbador para unos amplios sectores de población que se ven, de esta manera, atrapados en el cruel despropósito que el biólogo Jean Rostand [1986] atribuía a un falso liberalismo: «dejar todas las puertas abiertas, pero prohibir ferozmente que se entre».

CONCLUSIÓN

La inseguridad ciudadana no es, como todavía sostienen algunos, una neurosis colectiva. Tampoco se corresponde necesariamente, con un aumento constante de todos los hechos delictivos. Ni tanto ni tan poco.

Hay un hecho crucial que ha marcado con fuego las inseguridades de la sociedad contemporánea: la explosión, en los últimos treinta años, de la mal denominada pequeña delincuencia, es decir de los hurtos y los robos, así como las agresiones personales. Esta realidad, que no parece fácil de eludir, explica en buena parte que el miedo al delito se haya situado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y, todavía más, que se mantenga tan tenazmente.

Mucho más sorprendente resulta la resistencia persistente de las autoridades y las policías a aceptar este hecho evidente: la delincuencia contra los bienes y las personas ha aumentado al mismo ritmo, prácticamente, que se desplegaba la sociedad de consumo masivo y, en particular, de bienes personales de gran valor económico y simbólico (p.ex.: iphones, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, accesorios de automóvil, etcétera); es decir, exponencialmente.

En el otro extremo, la prospera industria privada de la seguridad no deja de recurrir a un marketing tan alarmista como eficaz: ¡sálvese quien pueda! (es decir, quien disponga de los recursos necesarios para pagarse una protección individualizada). Y en esta situación, los medios de comunicación no han tardado en descubrir y difundir el carácter dramático y espectacular de la delincuencia; la cual, está claro, ha adquirido un protagonismo creciente en la industria global del infoentretenimiento.

Llegados a este punto resulta prácticamente ineludible incurrir en una obviedad: ¿en qué quedaría la oferta (tanto de la industria privada de la seguridad como de los medios de comunicación) sin la existencia de una demanda (no sólo latente sino bien activa) de seguridad, si no a casi cualquier precio (tanto en términos económicos como de pérdida de libertad)? Quién no lo vea, se podría preguntar, por ejemplo, qué otra indignidad estamos todavía dispuestos a aceptar a la hora de pasar los controles de Access en los aviones.

Quizás resulte más ecuánime adoptar una visión el más integral posible del fenómeno de la inseguridad ciudadana que rehúya la tentación maniquea y simplificadora, de la cual nadie puede quedar exento. Plantearnos algunas cuestiones pertinentes, quizás nos pueda ayudar.

¿Qué se primero el huevo (la demanda de seguridad) o la gallina (la oferta de seguridad)? Sabemos que la una no sería nada sin la otra y que, por lo tanto, comprendiendo a una de ellas no sólo se estén la otra sino que, todavía más importante, se ve el conjunto en su funcionamiento completo.

Pero también, ¿qué dimensión resulta más relevante en el fenómeno de la inseguridad ciudadana: ¿la objetiva (la delincuencia) o bien la subjetiva (el miedo a la delincuencia)? Sin unos niveles elevados de delincuencia difícilmente se podría alcanzar unos niveles igualmente tan altos de miedo a la delincuencia. Ciertamente, pero las encuestas de victimización también nos dicen que una bez/golpe configurada el miedo genérico a la delincuencia (que no la específica a ser víctima de una agresión evidente e inmediata), ésta ya no evoluciona en paralelo a la realidad delictiva. Es decir que tarro, y así sucede en realidad, reducirse la delincuencia en un momento y en un lugar/sitio determinados y no por/para eso producirse la correspondiente y automática disminución del miedo asociado a la delincuencia. Y viceversa, está claro.

Lo cual nos podría llevar a plantearnos, encara, una tercera cuestión: ¿La inseguridad ciudadana está hecha exclusivamente del miedo a la delincuencia o bien cataliza otros miedos que, quizás, no encuentran un pretexto tan directo que les permita expresarse? Las incertidumbres y las inseguridades globales propias de la nuestra era son, no hay que insistir, descomunales (el cambio climático, sin ir más lejos), pero difusas (parece que, de momento, afecta en otros o bien todavía no se manifiesta en sus efectos extremos) y en muchos casos percibidas localmente como remotas en el tiempo y/o en el espacio (¡eso no pasa aquí!). Todo lo contrario, el ladrón o el agresor son figuras perfectamente identificables, individualizables, perseguibles, que se pueden someter a juicio y, en último caso, que pueden ser castigadas. Correspondientemente, un robo o una agresión es un hecho concreto, tangible, visualizable, y registrable, que permite ser contabilizado y tratado estadísticamente. ¡Qué diferencia con ésta multitud de riesgos difusos, de los que no podemos tener más que indicios discutibles y que, a pesar de todo o precisamente por eso, se encuentran al origen no siempre consciente de la incertidumbre y la inseguridad contemporáneas! El miedo a la delincuencia parece inventado para facilitar la imprescindible cristalización en un objeto concreto, próximo y visible de ésta multitud de incertidumbres e inseguridades que amenazan tan gravemente la cohesión social.

En la societat del risc, la demanda de seguretat ciutadana es configura més aviat en base a la percepció d’inseguretat existent a l’opinió pública que no pas a la realitat delictiva. Així s’explica que els governs, en termes generals, reaccionin esporàdicament als brots de por a la delinqüència, més que no pas responguin raonada i raonablement a l’evolució de la delinqüència. Vet aquí, doncs, l’aparent paradoxa: d’una banda, es promouen reformes institucionals i polítiques públiques destinades, d'una forma o altra, a superar els límits evidenciats de la justícia penal i a coresponsabilitzar la comunitat en el control preventiu del delicte (estratègia comunitària) i, de l’altra, els funcionaris electes –davant de les dificultats d'adaptar les polítiques públiques a la incòmoda realitat-, sovint reaccionen polititzadament ja sigui per negar l'evidència i reafirmar el mite estatal del control exclusiu del delicte o bé per abonar-se a unes receptes de llei i ordre de resultats electorals temptadors però d'efectes socials impredictibles (populisme punitiu).

Aquest fet explicaria la coincidència entre opinió pública, mitjans de comunicació i autoritats governamentals en el poc apreci manifestat per l’anàlisi de les causes que ens informarien sobre l’origen de les diverses manifestacions delictives i, consegüentment, també per l’escassa atenció a la necessitat de disposar d’indicadors prou més fiables que no pas els actuals. I tot plegat ens aboca, ineludiblement, a persistir en polítiques públiques de seguretat ciutadana basades més en les variacions, sovint incomprensibles, de l’opinió pública enlloc de en un coneixement fiable i actualitzat de l’evolució de la delinqüència. Tot i saber-ne prou bé les limitacions, i fins i tot els costos i les contraindicacions, ens entossudim doncs en esperar a reaccionar enlloc d’anticipar-nos preventivament mitjançant conductes prudents que, eventualment, ens permetin minimitzar els riscs de victimització delictiva.

Persistir en aquesta conducta erràtica, marcada més per les variacions en la inseguretat manifestada per l’opinió pública que no pas en la realitat delictiva, no dibuixa un horitzó gens esperançador per a la imprescindible seguretat col.lectiva i, ben al contrari, obre nous interrogants que vénen a qüestionar el caràcter de bé públic que havíem convingut en atorgar a la seguretat. ¿No es deu estar transformant, la seguretat, en un bé que es compra, en lloc d'un servei que s'espera de les administracions públiques?, es pregunta Ulrich Beck. En tot cas, les aparentment consistents fronteres entre seguretat pública i privada sí que semblen esvair-se precipitadament.