MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL, Sábado 10 de diciembre de 2011 12:00 AM
Constructores aseguran sólo el sector público fabricará casas. Los inmobiliarios indican que con las nuevas leyes el Estado tiene una vía para fijar los precios de las viviendas nuevas.
En dos meses la Asamblea Nacional aprobó las leyes que le permiten al Estado controlar los alquileres y el mercado primario de viviendas.
Esta semana el Parlamento sancionó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, cuyo objeto es regular la preventa de inmuebles y ante el contenido de ese texto, los constructores aseguran que la inversión privada en el sector se anulará.
El nuevo marco indica que las empresas para poder iniciar un proyecto tienen que cumplir con nuevos pasos, entre los que se encuentra la constitución de una fianza equivalente al 100% del valor de la obra. Adicionalmente, una dirección adscrita al Ministerio de la Vivienda se encargará de revisar los contratos de venta y preventa y los precios de las unidades habitacionales serán supervisados por ese nuevo ente estatal.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, señala que "ese es un instrumento que cierra la inversión privada en la construcción de casas. Este texto, sumado a los anteriores, le pone un candado a la actividad privada, que progresivamente ha venido cayendo, y ahora irremediablemente llegará a ser nula. Por esa vía desaparecerá la inversión privada en vivienda y todo el peso en la producción de casas quedará en el sector público".
En el tercer trimestre del año la construcción creció 10%, pero ello fue gracias a la gestión pública, porque la construcción privada se desplomó 12% por la falta de insumos básicos y la inseguridad jurídica.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, reitera que este nuevo marco legal desestimula la producción de casas. "Será arriesgado y complicado construir viviendas", y al igual que Jiménez, considera que "el Gobierno será el único que fabricará casas y lo que habrá serán contratistas".
Aunque al cierre del tercer trimestre del año, los privados terminaron 39.500 soluciones habitacionales, el número de unidades paralizadas (proyectos que comenzaron y se detuvieron por falta de insumos, entre otros factores) creció a 43.000 y las casas sin iniciar ya ascienden a 116.000.
Martini asegura que ante el entorno que existe, los proyectos nuevos serán escasos.
Condiciones
La Ley contra la Estafa Inmobiliaria detalla que las empresas en los contratos de preventa tienen que notificar el precio de venta de las viviendas en proceso de construcción y el mes y año de inicio y terminación de las obras, en ningún caso la culminación podrá excederse de los 24 meses cumplidos a la firma del contrato. De igual manera, deben incluir características de las unidades y plazo máximo de protocolización.
Si hay retardos en la entrega de las viviendas, las empresas indemnizarán a los compradores y la compensación fijada es de 2 Unidades Tributarias (152 bolívares) por cada día de atraso en la entrega del inmueble. Además deberá cancelar los cánones de arrendamiento en que incurran los compradores.
Juan Francisco Jiménez indica que "por las exigencias, los proyectos se terminarán con dificultad. La ley penaliza los retrasos en la ejecución sin tomar en cuenta el suministro de insumos básicos". Aquiles Martini complementa y agrega "los desarrollos no se pueden terminar en un plazo de dos años como dice la ley. Los permisos de los entes oficiales tardan, a lo que ahora se suman los problemas con los productos".
Ambos voceros consideran que uno de los aspectos que más preocupa del marco legal es la fianza por el 100% del costo del desarrollo. Expresan que ninguna institución otorgará una garantía por ese monto y apuntan que los seguros tampoco darán dichas fianzas por las limitaciones que contempla la Ley de la Actividad Aseguradora.
Martini estima que la Ley contra la Estafa Inmobiliaria será una vía que tendrá el Estado para regular los precios de las viviendas nuevas.
El texto dice que el precio de venta tomará en cuenta el valor del terreno, costo total de la obra, costos financieros y los servicios de urbanismos.
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