Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.
Las constructoras tendrán que consignar una fianza equivalente al 100% del valor de la obra.
EL UNIVERSAL, Viernes 9 de diciembre de 2011
La Asamblea Nacional aprobó la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y ahora los contratos de preventa serán revisados por un ente estatal y las constructoras tendrán que indemnizar a los compradores por los retrasos en la culminación de los desarrollos habitacionales.
El texto señala que tiene como objetivo "regular, controlar y sancionar la construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de las soluciones habitacionales".
Para controlar el mercado inmobiliario el Ministerio de la Vivienda deberá crear la Dirección de Seguimiento y Control en la Construcción de Viviendas y esta instancia tendrá entre sus funciones la creación del registro nacional de constructoras, promotoras y demás organizaciones dedicadas a la producción de viviendas, así como la revisión de los contratos de venta y preventa destinados a viviendas en proceso de construcción y construidas.
La Ley indica que los contratos tendrán que incluir: precio de venta de las viviendas en proceso de construcción y el mes y año de inicio y terminación de las obras, en ningún caso la culminación podrá excederse de los 24 meses cumplidos a la firma del contrato. Los diputados en esta disposición añadieron un aparte que indica que "por razones de fuerza mayor se podrá extender el lapso si hay acuerdo entre las partes (constructor y comprador)".
En los contratos también serán incorporados los requisitos exigidos por los operadores financieros, características de las viviendas (materiales usados en la construcción) y plazo máximo de protocolización. Según el instrumento, "no se permitirán cuotas que impliquen la aplicación del índice nacional de precios al consumidor".
El texto explica que el precio de venta tomará en cuenta el valor del terreno, costo total de la obra, costos financieros y los servicios de urbanismos.
De acuerdo a lo indicado en el instrumento, "el retardo en la entrega de las viviendas en proceso de construcción obliga a las empresas a indemnizar al comprador con una suma proporcional al tiempo de retardo, siendo el valor de 2 Unidades Tributarias (152 bolívares) por cada día de atraso en la entrega del inmueble. Además cancelará los cánones de arrendamiento en que incurran los compradores durante el tiempo que dure ese retardo".
Más exigencias
Para el inicio de las obras, las constructoras deben presentar ante la Dirección de Control "una fianza bancaria otorgada por una entidad financiera. El monto de la fianza debe ser el equivalente al 100% del precio total de la obra y por el tiempo de ejecución de la mismo la fianza debe ser presentada antes del inicio de la obra".
Las sanciones por el incumplimiento de la norma oscilan entre 10 y 250 Unidades Tributarias (760 y 19.000 bolívares). Y si hay estafas se contempla prisión entre 12 y 18 años.
Ante lo previsto en el marco legal, los inmobiliarios aseguran que aumenta la incertidumbre en el sector y expresan que uno de los aspectos que impactará más es la fianza.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello dijo a AVN que "ya no se seguirán dando facilidades a los estafadores pues, con el instrumento legal, se abre un espacio para frenar definitivamente a aquellos que se dedican a construir viviendas y estafan a quienes hacen uso de su sistema".
Carlos Hurtado, vocero de la organización Clase Media Socialista, indicó que "este marco legal es necesario" y destacó que esta iniciativa legislativa surgió luego de las estafas que se registraron en 2010.
Aunque aseguró que fue beneficioso que el Estado asumirá el control de algunas desarrollos habitacionales, admitió que "ha habido lentitud en la terminación de las obras, pero ello ha sido por la situación del país, hay otras prioridades como la atención a los refugiados". Agregó que aquellos complejos que tenían avances de 30%, hoy están en 65%. MAH
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